El fundador de Tron, Justin Sun, continúa en la lista negra del proyecto DeFi World Liberty Financial (WLFI). Según datos de los analistas de Bubblemaps, desde septiembre el valor de mercado de sus tokens WLFI congelados ha caído aproximadamente 60 millones de dólares.
La plataforma bloqueó la dirección del empresario después de que transfiriera 50 millones de WLFI al exchange HTX, operación que en ese momento equivalía a unos 9 millones de dólares. Sun afirmó que la transacción fue de carácter técnico y estaba relacionada con pruebas rutinarias de depósitos, y que no tenía intención de vender los tokens.
La situación resulta especialmente relevante dado el apoyo público al proyecto: Sun había invertido anteriormente 75 millones de dólares en WLFI y fue señalado como el mayor tenedor del token. Además, comunicó su intención de comprar el memecoin TRUMP por 100 millones de dólares y participó en eventos vinculados a Donald Trump.
En otoño, Sun expresó públicamente su descontento con la congelación de los activos, subrayando que su objetivo era hacer crecer el ecosistema del proyecto junto con el equipo y la comunidad, pero consideró el bloqueo injustificado.

La negociación de WLFI comenzó el 1 de septiembre y, desde entonces, según datos del mercado, la cotización ha caído más de un 40%. En su máximo, el precio alcanzó 0,24 dólares con una capitalización de alrededor de 6.600 millones de dólares; al momento de la publicación, estos indicadores se sitúan aproximadamente en 0,13 dólares y 3.600 millones de dólares.
Hoskinson criticó el impacto de las iniciativas de Trump en el mercado
El fundador de Cardano, Charles Hoskinson, en una entrevista con Decrypt, criticó el enfoque de Donald Trump respecto a los activos digitales y calificó varias iniciativas como “decepcionantes”. En su opinión, el lanzamiento de un memecoin asociado a Trump empeoró la percepción pública de la industria cripto y complicó el debate sobre la regulación.
Hoskinson señaló que un paso clave para el mercado podría haber sido el avance del proyecto de ley Clarity Act; sin embargo, a su juicio, la politización del tema redujo las posibilidades de apoyo bipartidista. También afirmó que parte de los representantes de la industria comparte una postura similar, pero evita pronunciarse públicamente por el riesgo de perder acceso al diálogo con las autoridades.
Según Hoskinson, la implicación del político difumina la frontera entre la agenda pública y los intereses personales, lo que debilita la posición del sector en Washington en un momento en que se discuten activamente reglas para los activos digitales.