El Tribunal Supremo de Corea del Sur confirmó por primera vez la legalidad de incautar bitcoins de monederos en exchanges en el marco de investigaciones penales, según informan medios locales. Hasta ahora, la práctica aplicada se limitaba principalmente a la confiscación de criptoactivos a favor del Estado.
La decisión se basó en el caso de un usuario bajo el seudónimo «A», sospechoso de blanqueo de capitales. En enero de 2020, la policía embargó 55,6 BTC en su cuenta de exchange (en ese momento, alrededor de 600 millones de wones).
La defensa sostuvo que la criptomoneda en cuentas de plataformas de trading no es un objeto físico y, por tanto, no le serían aplicables las normas del Código de Procedimiento Penal sobre la incautación de pruebas materiales. El tribunal rechazó estos argumentos y consideró legítimas las actuaciones de los investigadores, señalando que el objeto del embargo puede incluir no solo bienes materiales, sino también información electrónica.
En la resolución, el tribunal calificó a bitcoin como un token electrónico con valor económico, del que el titular puede disponer y transferir a terceros. A juicio del tribunal, esto convierte a dicho activo en un objetivo válido para su incautación y bloqueo durante la investigación.
Juristas señalan que el veredicto reduce la incertidumbre legal y otorga a las autoridades investigadoras una base más clara para congelar fondos en exchanges, incluidos Upbit y Bithumb, ya en fases tempranas del caso. Anteriormente, el Tribunal Supremo de Corea del Sur ya había reconocido a las criptomonedas como un activo susceptible de confiscación (2018) y también había extendido a estos activos la aplicación de normas contra el fraude (2021).