El Departamento del Tesoro de Estados Unidos presentó ante el Congreso un informe en el que reconoce como legítimo el uso de criptomezcladores con el fin de proteger la privacidad financiera. Se trata de un cambio notable de enfoque, ya que en 2022 y 2023 el organismo describía estos servicios como focos de blanqueo de capitales e incluso impuso sanciones contra Tornado Cash. Ahora, en cambio, admite que para los usuarios que actúan dentro de la ley los mezcladores pueden ser una herramienta útil para ocultar información sobre ahorros personales, pagos empresariales o donaciones.
Aun así, el uso delictivo de estos servicios sigue siendo una preocupación importante. Según datos del Tesoro, entre enero de 2024 y septiembre de 2025 hackers vinculados a Corea del Norte robaron criptomonedas por un total de 2.800 millones de dólares. De esa cifra, 1.500 millones correspondieron al ataque contra el exchange Bybit. Las autoridades subrayan que estos grupos recurren con frecuencia a mezcladores para dificultar el rastreo de los fondos.
El informe también analiza por primera vez la relación entre los mezcladores, las stablecoins y los puentes entre cadenas. Desde mayo de 2020, los usuarios movieron más de 37.400 millones de dólares en las dos principales monedas estables a través de 50 puentes distintos. En el mismo periodo, alrededor de 1.600 millones de dólares salieron de mezcladores hacia esas plataformas, y más de 900 millones de esa suma pasaron por un solo servicio ampliamente utilizado por hackers norcoreanos.
Por lo general, los delincuentes no envían directamente a los mezcladores tokens vinculados al dinero fiduciario. Lo habitual es que primero transfieran otros criptoactivos y, una vez completado el proceso, conviertan los fondos en stablecoins para romper la trazabilidad de las transacciones antes de retirarlos al sistema fiduciario.
El documento distingue entre servicios custodiales y no custodiales. Los primeros deben registrarse ante FinCEN y pueden facilitar a las autoridades información sobre sus clientes y sus operaciones. En cuanto a las plataformas no custodiales, el Tesoro no propuso nuevas restricciones, aunque dejó claro que sigue buscando un equilibrio entre los riesgos de financiación ilícita y el derecho de los ciudadanos a la privacidad.
Además, el Departamento del Tesoro pidió al Congreso la aprobación de varias medidas legislativas. Entre ellas figura la creación de una facultad para congelar temporalmente criptoactivos sospechosos mientras se desarrolla una investigación. También propone aclarar qué actores del ecosistema DeFi deben quedar sujetos a las normas contra el blanqueo de capitales. A esto se suma la intención de incorporar una “sexta medida especial” a la legislación antiterrorista de EE. UU., con el objetivo de obtener autoridad para bloquear transferencias de criptomonedas realizadas fuera de relaciones bancarias corresponsales.
La publicación del informe coincide con un giro más amplio en la política estadounidense respecto a la privacidad en el ámbito cripto. En marzo de 2025, el Tesoro levantó las sanciones contra Tornado Cash por orden judicial. Meses después, en agosto, el cofundador del servicio Roman Storm fue declarado culpable de operar sin licencia, aunque el jurado no logró alcanzar un veredicto sobre los cargos relacionados con blanqueo de dinero.
Más tarde, Matthew Galeotti, representante del Departamento de Justicia de EE. UU., afirmó que la institución dejará de perseguir a los desarrolladores de aplicaciones DeFi bajo la acusación de gestionar un negocio de transferencias de dinero sin licencia.
Cabe recordar que en enero de 2026 los senadores Cynthia Lummis y Ron Wyden presentaron un proyecto de ley destinado a eximir a los programadores y a los proveedores de servicios no custodiales de la obligación de obtener licencias como operadores de transferencia de dinero.